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Entrevistas

Emelina Fernández: “A pesar de la situación en la que estamos, la sociedad no consume cualquier cosa”

Por Kelly Robledo

El periodismo, por naturaleza, está llamado a ofrecer contenido que aporte al desarrollo de la sociedad. Pero ¿qué sucede si esta labor se ve interrumpida por gestiones gubernamentales que priorizan asuntos ajenos a ello? Además, ¿estamos frente a una audiencia consiente de lo que consume y que reclama información de calidad? La actual compleja situación mundial, ¿qué ha develado a nivel periodístico?

Para conversar sobre el tema, contactamos con Emelina Fernández Soriano, jurista y política española, profesora titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga y expresidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía. Desde su experiencia en el campo audiovisual y de regulación de medios públicos, Fernández mira con preocupación cómo la ley en España y, en concreto, en Andalucía, limita el correcto ejercicio periodístico. Asimismo, aboga por el ciudadano, al que ella considera público que responde favorablemente al contenido de calidad.

Usted ha sido presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, ¿cuál es la función de un organismo como este? ¿Cómo puede contribuir a que el audiovisual sea un servicio público?

España es el único país de Europa que no dispone de un Consejo Audiovisual, de un órgano regulador independiente. Esto es una absoluta anomalía democrática en el estado español. Dentro del país, las únicas comunidades que en la actualidad tienen un consejo audiovisual son Cataluña y Andalucía. Estos organismos, al igual que sus símiles a nivel europeo, se dedican a velar por que se cumplan toda la normativa y las obligaciones que tiene la comunicación audiovisual en el ámbito de su competencia.

En el caso de Andalucía, el Consejo Audiovisual se encarga de hacer cumplir la ley audiovisual andaluza (ley del 2010). Es decir, todos los ejes referentes al pluralismo político, tanto exterior como interior. Se necesita, por ejemplo, que no haya concentración de medios. También se debe fomentar la igualdad, para que no transmitir comunicación estereotipada que vaya en contra de la dignidad de la mujer. Se debe evitar la emisión de violencia gratuita y existe la obligación de considerar un tiempo dedicado a la accesibilidad de los contenidos.

¿Cómo se desarrolla actualmente en Andalucía esta función del Consejo?

Muy recientemente, hace dos o tres semanas, el Gobierno Andaluz actual, vía decreto, ha cambiado la ley audiovisual andaluza. Y una de las cosas que ha hecho es quitarle al Consejo Audiovisual algunas de las competencias que tenía. Algo que lamento mucho y frente a lo que estoy en contra, porque 1) al quitarle funciones pierde efectividad, y 2) porque una de las funciones que le ha quitado, y que es absolutamente primordial, es la de emitir informes obligatorios (pero no vinculantes) sobre cómo está el mapa audiovisual, algo que se hacía para evitar, precisamente, la concentración de medios.

También se ha cambiado el tema de la accesibilidad en las televisiones locales: si tú tienes una televisión pública costeada por los servicios públicos, tienes que atender a toda la población, y los que tienen una disfunción auditiva o visual tienen también derecho a tener el acceso a estos servicios.

Esto ha llevado a una movida en el sector audiovisual de Andalucía. Las asociaciones de prensa, las facultades de Comunicación, el Colegio de Periodistas, la asociación de emisoras principales… todos han elaborado un escrito en el que piden explicaciones y solicitan se vuelva al consenso que tuvo la ley que se aprobó por unanimidad en el parlamento andaluz.

¿Estos cambios se convierten en limitaciones para que la televisión pública andaluz sea un apoyo en la formación de los ciudadanos?

Sin ninguna duda. Otro de los artículos de ese decreto permite que las radios y televisiones municipales públicas puedan ser gestionadas de manera privada, es decir, que puedan privatizarse. Como consecuencia, el objetivo ya será económico y no de servicio público. Esto va en detrimento absoluto de la formación de los ciudadanos, pues la prioridad no será ofrecer una programación al servicio de la ciudadanía, sino al servicio de unos intereses económicos.

De esta forma, los cambios en la ley entran en colisión con las competencias que tiene la Junta de Andalucía y, de hecho, el gobierno ha aprobado hacer un recurso de inconstitucionalidad.

¿Cree que el actual Consejo puede actuar frente a la gran cantidad de información que circula ahora, que muchas veces es falsa?

No, si van a limitar las funciones del Consejo. Es derecho constitucional de todo ciudadano tener una información veraz. Pero si una televisión o una radio y las redes sociales se dedican a emitir información falsa, hace falta que alguien las vigile, controle y teste, y evidentemente, tiene que ser un organismo como este [consejo audiovisual]. Pero lamentablemente, a nivel nacional no existe, y a nivel andaluz se le van a quitar competencias.

El fenómeno que se está produciendo de que las noticias falsas puedan circular sin el más mínimo control, es el deterioro absoluto de la democracia y de los principios democráticos.

Respecto al público… ¿Las personas en verdad reclaman contenido de calidad? ¿Están suficientemente alfabetizadas, desde el punto de vista mediático?

No es que el público “reclame”. Creo que cuando hay una oferta de calidad, el público “responde”. Y hemos tenido ejemplos clarísimos a lo largo de la historia de la televisión. Cuando hay una programación de calidad, el público opta por ella. Eso es una realidad que se puede constatar. Ha habido épocas de la televisión pública en España en las que los informativos han liderado audiencias, pero además han sido considerados por organismos internacionales, como los mejores, los más plurales y han recibido premios mundiales.

Y en cuanto a la programación ha sucedido igual. Una programación de calidad la gente la consume. Pero, evidentemente, también busca entretenimiento, porque la televisión también es entretenimiento. Debe responder a un amplísimo espectro social de gente de diferente cultura y formación, de diverso estrato social. Por ello, el hecho de que haya un “programa amarillo” (o de baja calidad) con mucho éxito, no implica que otros programas de mucha calidad y muy bien hechos, que, por supuesto, fomentan y son garante de transmitir esa formación cívica y esos conocimientos, no tengan éxito.

En pocas palabras: si tú ofreces una programación de calidad, esta tiene una clara aceptación en la sociedad.

Una situación tan particular como la actual –el confinamiento provocado por el COVID- 19-, ¿qué ha hecho evidente en términos de gestión de recursos y producción de contenidos en la televisión pública?

Veo con curiosidad unos datos de audiencia que he conocido, pues muestran cómo en medio del confinamiento, momento en que la gente tiene más tiempo para ver la televisión, ha bajado la audiencia de los grandes grupos mediáticos. Y ha bajado en unos porcentajes llamativos para el momento en el que estamos, en donde el entretenimiento se circunscribe solo al ámbito familiar.

El público ha tenido una respuesta de saturación frente a programas vacíos, repetitivos, sin contenido importante e interesante. A pesar de la situación en la que estamos, la sociedad no consume cualquier cosa. Preferirán estar en las terrazas, dando paseos, leyendo, oyendo la radio o mirando internet.

¿Qué falta por hacer? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las cadenas de televisión pública, sus directivos, sus comunicadores y periodistas?

Hace falta que los políticos que toman decisiones se conciencien de la labor de una televisión pública. Lamentablemente, en España no ha habido manera. La ley de televisión española que hizo Zapatero fue una ley que pretendía conseguir de una vez por todas despolitizar la televisión pública, desgubernamentalizarla. Y tuvo un tiempo de gran auge. Esa ley me parecía que empezaba a marcar el camino de para la televisión pública. Sin embargo, con el cambio posterior de gobierno, cambiaron algunos de los artículos de esta ley.

Yo creo que la televisión pública debería tener una estructura firme, unos mecanismos aceptados por todo el mundo, de manera que no suceda lo que se está produciendo ahora mismo en Andalucía, que es una estafa. Así no se puede andar camino, si cada vez que llega un gobierno considera que la televisión pública es un instrumento para su beneficio partidista. Claro que no es así, es para beneficio de la sociedad.

De hecho, esto no es fácil. Después de mucho tiempo de gobernar el partido socialista en Andalucía, han llegado partidos (PP, Ciudadano y VOX) que han hecho una alianza, y en lugar de avanzar en un camino de independencia, lo que han hecho es retroceder años en la información que se está dando en la televisión pública. No digo que la anterior ley fuera perfecta, pero la propuesta de manipulación que hay ahora nunca se había dado.

Dentro de todo esto que está sucediendo, ¿qué rol juegan los comunicadores y periodistas?

Está sucediendo algo lamentable: algunos medios y muchos periodistas, a título personal, pero también por líneas editoriales, están posicionándose a favor o en contra, no de una manera objetiva, sino en función de quién gobierne.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha protestado por esta manipulación, y así otros entes; sin embargo, se lee en algunos medios que “se está haciendo todo estupendamente”.

No hay uniformidad en el papel que desempeñan. Hay algún periodista que, dentro de la casa, jugándose su puesto de trabajo, ha reaccionado señalando que eso no es el cambio y que así no debe trabajar una televisión pública. Pero hay otros, en otros medios, haciendo lo contrario, que han recibido aplausos. Depende de la profesionalidad y honradez de cada uno.