Opinión

Desde la innovación a la incertidumbre en las políticas de inserción de tecnologías digitales en el aula. Así, no avanzamos.

Imagen: Pixabay.

Los rápidos avances tecnológicos experimentados durante las últimas dos décadas, provocaron un interés creciente por la utilización de ordenadores portátiles como una herramienta de instrucción para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Tanto agentes públicos y privados, y en países desarrollados como en vías de desarrollo, apoyaron activa y compulsivamente iniciativas One Laptop per Child en educación. Esto, debido a que la modalidad se visualizaba como la primera transformación esencial para realzar el potencial de la computación como soporte del aprendizaje y los procesos educacionales. De este modo, los países apostaban por contribuir a salvar la brecha digital mientras transformaban la educación, y así ajustarse mejor a las necesidades de la sociedad del conocimiento en red.

En los principales sistemas escolares de Norteamérica, Europa, Oceanía e Iberoamérica (principalmente España, Portugal, Uruguay y Argentina), las iniciativas impulsadas apuntaron a cumplir las siguientes metas: mejorar los aprendizajes del estudiantado; adquisición de habilidades relacionadas con la tecnología; reducción de la brecha digital y, también en algunos casos, desarrollo de una fuerza de trabajo para el siglo XXI. Por esta razón, la mayoría de estos países apostó por la llegada masiva de tecnologías digitales a las escuelas a través de políticas educativas a gran escala con una importante inversión pública. Este fue el caso que representó el Programa ESCUELA 2.0 en España, BECTA en UK, CEIBAL en Uruguay, Conectar Igualdad en Argentina, entre otros. Algunos de los atributos comunes, en la mayoría de este tipo de programas, es que se dotaba, tanto al estudiantado como al profesorado, de un ordenador portátil, así como de conexión a Internet, proyectores multimedia y de pizarras digitales a las aulas. Algunas de estas experiencias han resultado sustantivamente exitosas; otras, en su mayoría, no lo han sido tanto. Este último es el caso de España, con la ejecución fallida del programa Escuela 2.0.

Una escuela sin ordenadores y sin conectividad a Internet es incompatible con las necesidades educativas actuales

Escuela 2.0 fue una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación de España en colaboración con distintos Gobiernos de las Comunidades Autónomas del estado. Sin embargo, como ya es de conocimiento general, por temas financieros y presupuestarios, pero también por encontrar un escaso respaldo de la comunidad de docentes, el programa finalizó a comienzos del año 2012. Ante este escenario, los centros educativos que adoptaron esta iniciativa, debieron evaluar su continuidad de manera autogestionada, quedando en el aire un conjunto de iniciativas en materia de innovación organizativa, gestión y curricular.

Pese a su inesperado cierre, no hay que desconocer los aportes que dejó el programa ESCUELA 2.0 en las escuelas españolas. En primer lugar, se reconocen las mejoras en cuanto a infraestructura y conectividad. En segundo lugar, se valora el hecho de que, a partir de este programa, emerja una visión más crítica y reflexiva en torno al uso de las tecnologías digitales en educación. Sin embargo, hoy en día también podemos apreciar algunas consecuencias nefastas provocas por su cierre.

Como era de esperar, solo algunos centros pudieron continuar con la estructura organizativa, además de las innovaciones y transformaciones que proponía el programa. El resto no, lo que en el tiempo terminó por acrecentar la brecha educativa, económica y social entre escuelas con financiamiento público.

En la mayoría de los casos, las escuelas que pudieron aprovechar este impulso dado por Escuela 2.0 (o EDUCAT 2.0 en el caso de Catalunya), se han transformado en centros educativos de referencia en materia de innovación e inclusión digital. Por el contrario, aquellas que no pudieron continuar, se situaron en una línea progresiva de marginalidad social y digital.

Lo que resulta nefasto e indignante es que aquellas políticas públicas que apuntan a reducir la brecha social y a otorgar más oportunidades a la población menos privilegiada, terminen generando totalmente lo opuesto

A seis años del cierre del programa, apreciamos que la responsabilidad de esta creciente estratificación social entre centros educativos, no es necesariamente de aquellos que no pudieron apostar por continuar con la ejecución de las iniciativas que conllevaba la Escuela 2.0. Más bien lo que realmente resulta nefasto e indignante es que aquellas políticas públicas que apuntan a reducir la brecha social y a otorgar más oportunidades a la población menos privilegiada, terminen generando totalmente lo opuesto. El fracaso de una iniciativa como Escuela 2.0, no hace más que cuestionar la eficiencia de lo público –y situarlo en desmedro de lo privado– a la hora de enfrentar y resolver las distintas problemáticas sociales que emergen en la sociedad digital y en la globalización.

Finalmente, es posible afirmar que una escuela sin ordenadores y sin conectividad a Internet es incompatible con las necesidades educativas actuales, por lo que la emergencia de políticas públicas facilitadoras en este sentido, sigue siendo esencial y necesaria. Sin embargo, como ya está establecido, ni tecnología digital es suficiente, ni estas iniciativas deben estar supeditas a los distintos vaivenes económicos que se presenten. Esta puede tener un impacto positivo y sostenible en la educación solo si se produce un diálogo constructivo entre los docentes, los estudiantes y sus familias, y sobre todo, si el objetivo de otorgar mayores oportunidades de inclusión social a quienes más lo necesitan, se transforma en una prioridad política y cultural en cualquier tipo de sociedad.