Opinión

Inclusión social contra la pobreza educativa

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La falta de inclusión social es la gran laguna. Foto: Shutterstock.

La inclusión social, o sea, conseguir una auténtica democracia educativa es el gran reto de la educación en España. Lo ponen en evidencia diferentes estudios recientes.

El último informe PISA indica que más de la mitad (53,5%) de los alumnos con menos recursos económicos familiares han repetido curso. Además, a exacto nivel de competencias, un estudiante de escasos recursos tiene cinco veces más posibilidades de repetir. España es la primera entre los países de la OCDE en este indicador de desigualdad. Por otro lado, el último informe de Save the ChildrenIluminando el futuro, ofrece datos similares.

En esencia, la falta de inclusión social es la gran laguna. El sistema educativo de España, pese a haber logrado durante las últimas décadas el objetivo de la universalización educativa, es sin embargo incapaz de aminorar los efectos de la desigualdad social y el impacto de la pobreza infantil.

El 100% de los niños menores de 16 años se encuentran escolarizados en España. Sin embargo, el abandono temprano de la escuela –un 23% frente al 12% en Europa–, la repetición de cursos –uno de cada tres escolares ha repetido un curso antes de cumplir los 15 años– y la falta de obtención del título de graduado –un 30%– disminuyen alarmantemente los beneficios de esa escolarización universal.

El sistema educativo español funciona pero con lagunas considerables. La escolarización universal –objetivo logrado de la primera etapa de la transición política– no basta. Hay factores que debilitan fuertemente su impacto. ¿Qué factores son? ¿Cómo actúan?

Creadores de desigualdad

Esencialmente, hay tres elementos fundamentales que aminoran el efecto benéfico de la escolarización universal:

  1. El contexto socioeconómico de las familias y el nivel de formación y titulación académica de los progenitores.
  2. La cantidad de gastos educativos ocultos: libros de texto, materiales educativos, actividades extraescolares, etc.
  3. La atención y flexibilidad con que las familias se implican en los centros educativos y en la educación de los niños.

Son estos factores los que producen la pobreza educativa.

¿Cómo se genera la pobreza educativa?

Cuando los niños y niñas viven en contextos sociales de pobreza –con progenitores en paro o con muchas dificultades económicas, o en hogares desestructurados– el riesgo de pobreza educativa aumenta. Y con ello, se tiende a perpetuar la pobreza y de la vulnerabilidad social.  

En estas circunstancias, el dilema de la escuela es el siguiente: o se convierte en una herramienta útil a la hora de solventar estos problemas, o funciona como un elemento más de reproducción de la desigualdad.

A lo largo del mencionado informe de Save the Children se describe el mecanismo a través del cual el sistema educativo –muchas veces, sin pretenderlo–  puede estar contribuyendo a la fabricación de desigualdad y a la generación de pobreza educativa y, consecuentemente, de pobreza a secas.

El primer mecanismo de fabricación de pobreza educativa consiste en la reproducción de la desigualdad de origen social.

El sistema educativo –muchas veces, sin pretenderlo–  puede estar contribuyendo a la fabricación de desigualdad

En contextos y hogares socioeconómicos pobres, se acentúa el riesgo de generación de pobreza educativa. Lo contario que sucede en los hogares con recursos económicos: “En los hogares en los que sus progenitores no terminaron la educación secundaria es donde hay mayor riesgo de pobreza para los niños. Más de la mitad de los niños que viven en estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (56,7 %)”. El problema es tan grave que la mayoría de centros educativos, por públicos que sean y por bien que lo hagan, no logran siempre amortiguar esta desigualdad inicial.

El segundo mecanismo es la falta de atención pública que se presta a los gastos educativos ocultos

Aunque la escolaridad pública es gratuita –aunque en muchas ocasiones en los centros concertados, no lo es del todo–, la realidad es que las familias tienen que afrontar cada vez más gastos educativos ocultos: libros de texto, material escolar, comunicaciones, transporte, actividades extraescolares, aprendizaje de idiomas, campamentos de verano, consumos culturales varios, etc. Lo cierto es que las familias afectadas por el paro y la pobreza tienen enormes dificultades para afrontar estos gastos. Y de ahí que los hijos de estos hogares se encuentran con más dificultades que los demás a la hora de desenvolverse en los contextos escolares.

El tercer mecanismos es la falta de implicación de la familias con la labor de los centros educativos

Sabemos que a menor implicación familiar mayor es el riesgo de abandono temprano de la educación.  Y es indiscutible que el grado de implicación de las familias depende, esencialmente, de las condiciones socioeconómicas y laborales de los progenitores. Familias afectadas por el paro y la pobreza tienden a implicarse poco en la educación de los hijos. Y, por supuesto, mucho menos que viven confortablemente.

La inducción de la pobreza

A través de esos mecanismos y pese a la escolarización universal, lo cierto es que se corre el riesgo de que la exclusión social y la desigualdad no paren de aumentar.

Cuando se combinan estos tres mecanismos –1) origen social poco favorable, 2) gastos educativos ocultos y 3) falta de implicación de las familias en los centros– se acelera la inducción hacia la pobreza educativa. Y, en consecuencia, aumenta el riesgo de exclusión social.

Cabe hablar entonces de inducción de la pobreza: un proceso sutil, latente, pero preocupantemente efectivo.

Los efectos perversos de la crisis

Las políticas anticrisis y el énfasis en la reducción de gastos no han venido más que a agravar la situación. Lo que es evidente no solo en España sino en muchos otros países.

Save de Children sintetiza así las políticas puestas en marcha en relación con la educación en España desde 2007 hasta hoy.

Aumento de gasto privado y reducción de inversión pública: por un lado, ha aumentado el gasto medio de las familias en educación y, a la vez, ha disminuido la inversión pública en educación. Así se han reducido considerablemente las becas y las ayudas para acceder a los servicios educativos. De manera que, si durante años España venía ya cumpliendo deficientemente objetivos en materia de educación con respecto a  la media de los sistemas educativos europeos, desde hace una década la situación ha ido a peor. Los factores de desigualdad persisten y se acrecientan.

Los factores de desigualdad persisten y se acrecientan

Así se ha instalado una peligrosa y dañina espiral de generación de pobreza educativa.

Las consecuencias de este sistema perverso no pueden ser otras que el aumento de la exclusión, de la marginalización de grandes capas de la población, la generación de pobreza endémica y la radicalización de las tensiones sociales.

Una nueva política educativa

Pese a todos estos datos, el debate sobre la política educativa se suele relacionar preferentemente con las cuestiones internas a los centros educativos –reforma del currículo, metodologías educativas, formación de profesores, sistemas de evaluación, etc.–. Pero lo que parecen poner de relieve tanto el estudio PISA como el informe de Save the Children es que para superar las desigualdades y luchar contra la generación no depende solo de ello. Lo importante es atender a los factores para-escolares de la educación, es decir, aquellos que actúan como contexto y condición de la tarea de los centros educativos. Esencialmente dos: las circunstancias socioeconómicas de las familias y los gastos educativos ocultos.

Solo una política decidida que atienda a estos factores puede asegurar la inclusión y la igualdad.

Mejorar las condiciones de acceso

El camino, por tanto, parece estar claro. Por un lado, las política públicas –y también las del tercer sector– tienen que orientarse decididamente a mejorar las condiciones en que las familias acceden a la educación.

Tiene que subvencionarse el esfuerzo educativo de los más pobres mediante ayudas,  becas y otros instrumentos de amortiguación de las diferencias sociales. Pero también es preciso potenciar los incentivos que favorezcan la implicación de las familias en la educación de sus hijos y en la vida de los centros educativos.

Al mismo tiempo, hay que mejorar las condiciones de estudio de las familias menos favorecidas mediante el incremento de bibliotecas públicas, de centros de atención al estudio, de tutorías cívicas, etc.

Reequilibrio de la inversión educativa

Por otro, hay que tratar de equilibrar socialmente la inversión educativa de las familias. No se trataría de reducir la aportación familiar al gasto educativo que hacen las familias acomodadas, sino de compensar nítidamente la falta de posibilidad de inversión de las familias empobrecidas.

Esto significa luchar decididamente por la reducción de los gastos educativos ocultos. Hay que avanzar en hacer cada vez más accesibles a todos los materiales y recursos pedagógicos escolares y extraescolares, es decir, tanto libros de texto y tecnologías educativas como cursos complementarios y actividades para-escolares.

El gran problema que el sistema educativo español tiene que resolver en la próxima década es la inclusión social y la compensación de la desigualdad económica y cultural

En ambos casos, no se trata, para el Estado, solo de invertir más –lo que es difícil en períodos de déficit– sino de encontrar soluciones tecnológicas más eficaces y organizar los esfuerzos sociales de un modo más inteligente y eficaz.

No hay duda de que, por ejemplo, un uso más inteligente de las TICs y de los recursos digitales puede abaratar, los recursos didácticos –tales como libros impresos, el transporte escolar, las relaciones escuelas familias, etc.–. Pero hay muchas otras soluciones posibles. La concertación entre municipios y ONGs puede mejorar y abaratar un sistema de refuerzo para-escolar a la labor de los centros educativos. 

También sería positivo buscar la conciliación de horarios familiares con el tiempo de estudio de los hijos e hijas. Esto redundará en mejores posibilidades de atención al estudio de los hijos por parte de las familias. También se puede pensar en los beneficios que reportaría la reordenación de la inversión pública en comunicación y cultura con el objeto de propiciar y favorecer las actividades educativas.

Sin embargo, todo esto pasa por reconocer claramente que el gran problema que el sistema educativo español tiene que resolver en la próxima década es, justamente, la inclusión social y la compensación de la desigualdad económica y cultural.

Es esto lo que debería ocupar a cualquier proceso de transformación educativa que se precie de serlo.

José Manuel Pérez Tornero