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Educación para la reconciliación

Celebración en la plaza Bolívar tras el acuerdo de paz en Colombia. Foto: infopresidencia.

La implementación de los acuerdos de desmovilización en Colombia firmados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos dependen hoy, en parte, del proceso de debate y producción legislativa logrado tras la aprobación de un segundo texto del acuerdo por parte del Congreso de la República. Tras el triunfo del ‘No’ en el primer intento de refrendación, el gobierno colombiano dio inicio a una ronda de renegociación en la que se buscó incorporar peticiones de los voceros más visibles de la oposición al escrito sometido a plebiscito.

El resultado de la reapertura del diálogo entre los equipos negociadores es un acuerdo más claro que incorpora mejoras sintácticas y precisiones que limitan las posibilidades de interpretación que abundaban en el primer acuerdo. Aún así, la nueva propuesta no convence al total de la ciudadanía. Por esta razón, el presidente de la república optó por validar lo (re)acordado frente al Congreso, gesto que no ha sido bien recibido por sectores de la oposición, que reclaman al gobierno someter el acuerdo a una nueva refrendación popular.

La Corte Constitucional, entre tanto, ha manifestado que la aprobación por parte del Congreso puede entenderse como un mecanismo de refrendación popular, lo que ha dado valor y vigencia al acto legislativo para la implementación de los acuerdos. El gobierno asegura así el mecanismo del fast track, que le permite disminuir a la mitad el tiempo para la aprobación de las leyes relacionadas con la implementación del acuerdo, y le entrega la última palabra ante cambios que se pretendan realizar a los proyectos de ley.

Colombia ha dado un paso importante en la formulación de un acuerdo que desmoviliza a uno de los agentes más violentos de Latinoamérica

En el escenario señalado subyacen retos para la implementación del acuerdo y la construcción de escenarios para la reincorporación social de los desmovilizados que requieren de herramientas que trascienden el apoyo o descontento de las partes. El malestar de algunos sectores es comprensible, es un acuerdo que se aprueba ‘rompiendo’ las reglas de juego convenidas, lo que demuestra la debilidad del aparato estatal colombiano en sus múltiples instancias, que han apoyado un segundo escenario de aprobación bastante discutible. Por su parte, el apoyo a las nuevas formas para la refrendación es igualmente comprensible. La ilusión y la apuesta por el cambio constriñen a buena parte de la ciudadanía a preferir el fondo sobre la forma. Colombia ha dado un paso importante en la formulación de un acuerdo que desmoviliza a uno de los agentes más violentos de Latinoamérica, lo cual se traduce en la necesidad de no perder lo abonado y buscar diferentes maneras cosechar los frutos de lo pactado.

Los retos pendientes

¿Pero cuáles son los retos de la implementación por fuera del escenario legislativo? Los retos tienen que ver con permitir hacer. Los acuerdos han sido firmados y refrendados. La Corte Constitucional ha dado luz verde al acto legislativo para la implementación del acuerdo; es tiempo entonces de concentrar las acciones en la sociedad, en arar y preparar el terreno para cosechar un resultado duradero.

Es necesaria una educación incluyente en la que se respeten y destaquen los valores de integración y paz social

La respuesta a la pregunta sobre cómo reinsertar social y económicamente a los guerrilleros desmovilizados nace en el derecho mismo de los ciudadanos a recibir –y en obligación del estado de garantizar– una educación incluyente en la que se respeten y destaquen los valores de integración y paz social. Los acuerdos llevarán a la amnistía general de los excombatientes, pero también a la obligación de confesar crímenes y colaborar en la reparación de víctimas, tanto de forma material como ayudando a reconstruir un pasado violento y doloroso en el que reside la razón más fuerte para buscar la reconciliación nacional: construir una paz desde la verdad.

No es un escenario sencillo y no tendría por qué serlo al tratarse de un agente que ha puesto gran parte de la violencia vivida en Colombia. Pero son más las ganancias y mucho mejor el porvenir al lograr una implementación plena de lo pactado. Las concesiones hechas a la guerrilla no solo tienen que ver con reducción de penas o la apertura de espacios políticos para su participación, las concesiones incluyen rescatar los esbozos ideológicos que quedaron en algunos de sus defensores, en buscar mejores oportunidades para el campo, en estimular los movimientos sociales populares, en buscar espacios para que sean escuchados y valorados y, sobre todo, respetados física e ideológicamente.

Los acuerdos de desmovilización y la reconciliación no tienen futuro sino por medio de la formación y reinserción de miles de colombianos

Se trata de un acuerdo nacional para la reconciliación y la búsqueda de espacios de convivencia que generen debate y garantías y, por tanto, decisiones producto de escenarios democráticos dotados de una necesaria institucionalidad. Sin embargo, ni el reto institucional ni el de hacer coincidir voluntades políticas son los más importantes: para que todo esto sea posible es necesario incluir en los programas educativos las temáticas derivadas de los acuerdos, conocer los procesos históricos detrás de la violencia y hacer énfasis en la importancia vital que un acuerdo como el logrado tiene para la construcción de un estado moderno y pluralista. A los contenidos hay que sumar el enorme reto de mejorar el acceso a la educación y su calidad; lograr que los sectores más vulnerables se empoderen por medio de la escuela y accedan a las oportunidades que ella puede generar. Los acuerdos de desmovilización y el intento del gobierno Santos por abrir la puerta hacia la reconciliación no tienen futuro sino por medio de la formación y reinserción de miles de colombianos al mundo de las oportunidades.

Lo logrado por el equipo negociador en La Habana tiene un valor inconmensurable para las generaciones venideras y es por ello que los procesos deben tener en cuenta a los más jóvenes. Los partidos y movimientos políticos fruto del acuerdo, incluso la presencia de las FARC en el Congreso, tienen un futuro incierto en un país que con razón se abstiene de perdonar sus atrocidades y de creer su promesa de cambio de las armas por el debate. No obstante, este escenario que genera un sinsabor en analistas y en buena parte de la sociedad puede vencerse si las generaciones futuras comprenden la importancia de este paso y si los movimientos y partidos políticos que se formen a futuro parten de la constatación de que la violencia no se puede justificar desde ninguna ideología.

La implementación y la plena realización de los propósitos de mejora social pactados hacen parte de un proyecto que, como el pasado reciente ha mostrado (como la constituyente que permitió la Constitución del 1991), puede generar garantías, mejoras y la construcción de un estado moderno, incluyente y, por defecto, con un anhelo de paz.